Oposiciones nacionales y Formación Profesional | BLOG
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Deberes de los Policías nacionales
La Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, regula en su Artículo 9, los  Deberes a los que los miembros de la Policía Nacional están sometidos. Son los enumerados a continuación:

Los Policías Nacionales tienen los deberes siguientes:

a) Jurar o prometer fidelidad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, velando por su cumplimiento y respeto.

b) Ejercer sus tareas, funciones o cargos con lealtad e imparcialidad, sirviendo con objetividad los intereses generales.

c) Obedecer y ejecutar las órdenes que reciban de las autoridades o mandos de quienes dependan, siempre que no constituyan un ilícito penal o fueran manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico.

d) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos legalmente previstos.

e) Mantener el secreto profesional en relación con los asuntos que conozcan por razón de sus cargos o funciones y no hacer uso indebido de la información obtenida.

La carrera profesional en la Guardia civil

La Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, establece en su TÍTULO V sobre la Carrera profesional, la regulación en el Artículo 52 la delimitación de lo que debe considerarse Carrera profesional en el cuerpo de la Guardia...

Uso de la bandera de España por la Policía Nacional
Se ha publicado en el BOE 249, del sábado 17 de octubre el Real Decreto 927/2015, de 16 de octubre, por el que se concede el uso de la bandera de España a la Policía Nacional.

Hay que tener en cuenta que la regulación del uso de la bandera de España por parte de la Policía Nacional es específica para la misma y se fundamenta en lo dispuesto en la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas.

Este nuevo real decreto está integrado por cuatro artículos, una disposición adicional, una derogatoria y dos finales.

El artículo 1 concede el uso de la bandera de España a la Policía Nacional. El artículo 2 prevé su uso por las Jefaturas Superiores de Policía y la Escuela Nacional de Policía. En el artículo 3 se determina el protocolo y escolta de la bandera de España. El artículo 4 se dedica a las medidas y accesorios de la bandera de España en su uso por la Policía Nacional. La disposición adicional única regula su uso en homenaje a los caídos en acto de servicio.

Expresamente el articulado dispone:

Artículo 1. Concesión y uso de la bandera de España por la Policía Nacional.

1. Se concede a la Policía Nacional el uso de la bandera de España, cuya custodia corresponde a la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la Policía.

Derechos colectivos de la Policía Nacional
Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional , recoge en la regulación de su artículo 8, la enumeración de los derechos colectivos que los miembros de la Policía nacional pueden ejercer. Entre ellos, destaca en su número 1 el derecho de sindicación, y en su número 3 el derecho a la negociación colectiva. Expresamente establece el mencionado artículo que:

 1. Los Policías Nacionales tienen derecho a constituir organizaciones sindicales de ámbito nacional para la defensa de sus intereses profesionales.

2.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, sólo podrán afiliarse a organizaciones sindicales formadas exclusivamente por Policías Nacionales. Dichas organizaciones no podrán federarse o confederarse con otras que, a su vez, no estén integradas exclusivamente por miembros de la Policía Nacional, aunque sí podrán formar parte de organizaciones internacionales de su mismo carácter.

La titulación necesaria para acceder a la escala de Cabos y Guardias civiles en las próximas convocatorias
Con fecha de 12 de Noviembre de 2014 se publicó en el Boletín oficial del Congreso el texto definitivo y aprobado de la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil.

Dicha Ley introdujo novedades importantes entre las que se encuentra el requisito del nivel de titulación exigida  para acceder a la Guardia Civil. Los requisitos de acceso se encuentran regulados en los artículos 33 y 34 de esta ley.

Así se recoge en Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil: Artículo 34. Requisitos de titulación.
  1. Para ingresar en los centros docentes de formación para el acceso a la escala de cabos y guardias se exigirá, además de los requisitos generales del artículo 33,  los requisitos de acceso requeridos en el Sistema Educativo Español para acceder a las enseñanzas conducentes a ciclos formativos de grado medio.
Los derechos individuales de la Policía Nacional

la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, recoge en su artículo 7, los Derechos individuales de los Policías Nacionales. Establece que  tienen los siguientes derechos de carácter individual: a) Al respeto de su intimidad, orientación sexual y...

Pérdida de la condición de alumno en los centros de formación de la Guardia civil
La Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, establece en su artículo 48,  los supuestos en los que los aspirantes de las convocatorias de Cabos y Guardias que superan los procesos selectivos y que obtienen la consideración de alumnos de los centros de formación de la Guardia civil, pierden esta consideración como alumnos, y la posibilidad de continuar con la formación. Expresamente recoge:

 Se podrá acordar la baja de un alumno de la enseñanza de formación por los siguientes motivos:

a) A petición propia. En este caso, el Ministro del Interior determinará los supuestos en los que se deba resarcir económicamente al Estado y establecerá las cantidades, teniendo en cuenta el coste de la formación recibida en la estructura docente de la Guardia Civil, o en su caso, en la de las Fuerzas Armadas, siempre que ésta sea superior a dos años.

b) Por insuficiencia de las condiciones psicofísicas que para los alumnos se hayan establecido.

c) Por no superar, dentro de los plazos fijados, las pruebas y materias previstas en los planes de estudios correspondientes.

d) Por carencia de las cualidades profesionales en relación a los principios, valores y código de conducta a los que se refiere el artículo 44, párrafos a) y b), acreditadas con la obtención, en dos ocasiones, de una calificación negativa en las evaluaciones periódicas que a este efecto se realicen, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en las normas de régimen interior de los centros docentes de formación.

La nueva reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal que incide en la investigación tecnológica de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado
Con fecha de 6 de Octubre de 2015, se ha publicado en el BOE 239, la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. Como el propio nombre de la Ley indica, su contenido viene referido a garantizar el fortalecimiento de los derechos procesales de conformidad con las exigencias del Derecho de la Unión Europea y la regulación de las medidas de investigación tecnológica en el ámbito de los derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos personales garantizados por la Constitución. Las premisas de esta ley son las siguientes: 1. Resulta necesario transponer en el ordenamiento interno la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad. Para ello se modifican los artículos 118, 509, 520 y 527 y se introduce un nuevo artículo 520 ter en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la introducción de las previsiones que el Derecho de la Unión Europea requiere, entre las que destaca el régimen de asistencia de abogado al detenido.